Este grupo terrorista, como también se lo consideraba, estuvo bajo la dirección de José López Rega, secretario personal y ministro en su momento del presidente Juan Domingo Perón. Durante el gobierno interino de Raúl Lastiri, Rega se asoció con el entonces comisario general de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, y juntos idearon esta sangrienta empresa. Por supuesto, precisaban de una suma de dinero considerable y para adquirirla López Rega, quien también se encontraba frente al Ministerio de Bienestar Social, desvío los fondos de esta para financiar la organización y el armamento del grupo paramilitar.
Además de su prestigiosa posición en el gobierno, López Rega pertenecía a logia masónica Propaganda Due, dirigida por Licio Gelli y reconocida, entre otras cosas, por ser una posible implicada en la misteriosa desaparición de las manos de Perón.
El primer atentado se llevo a cabo el 21 de noviembre de 1973 cuando se le instaló una bomba en el coche al senador radical Hipólito Solari Yrigoyen en venganza por el asesinato del sindicalista conservador José Ignacio Rucci a manos de los Montoneros un mes antes. Yrigoyen fue mutilado pero milagrosamente se salvó. Dos años más tarde la Triple A lo volvería a intentar.
Para mediados de los setenta, la oscura y larga lista de homicidios, atentados y amenazas que la Triple A poseía incluía a un sinfín de políticos, policías e incluso científicos y artistas como Manuel Sadosky y Héctor Alterio. En total, la CONADEP ha probado la intervención de esta organización en 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975 entre otros.
El fin de la Alianza Anticomunista Argentina llegaría en 1976, cuando el general Jorge Rafael Videla derrocó a Martínez de Perón, la segunda esposa de Perón, de la presidencia. Para ese entonces, José López Rega ya se había exiliado del país.
Una vez que el poder había sido tomado por los militares, se ordeno a los Granaderos desmontar la sede de López Rega en la cual se hallaron un arsenal de armas de guerra, incluyendo ametralladoras, granadas y fusiles de francotirador.
Este hallazgo supuso un impacto inesperado a la sociedad argentina. En consecuencia, tanto Rega como Isabel de Perón, fueron implicados en acusaciones de corrupción por malversar fondos del gobierno mientras que las acciones de la Triple A fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006.
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